El Parlamento Europeo acogió la conferencia Impulsando la dimensión social de la pesca sostenible para poner de relieve la necesidad de combatir el trabajo forzoso en el sector pesquero
OPAGAC y su iniciativa Hands for the Oceans situaron los derechos laborales de los pescadores en el centro del debate del Parlamento Europeo la semana pasada, con la celebración de la conferencia Impulsando la dimensión social de la pesca sostenible. El encuentro fue acogido por Carmen Crespo (PPE), presidenta de la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo, y Virginia Battu-Henriksson, miembro del gabinete del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis.
La conferencia puso de relieve que una industria pesquera verdaderamente sostenible debe tener en cuenta no solo la salud de los océanos, sino también las condiciones de trabajo y los derechos de las personas que trabajan en el mar. Representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), la Environmental Justice Foundation (EJF) y Oxfam analizaron los retos a los que se enfrentan los pescadores y las medidas necesarias para proteger sus derechos laborales.
“Europa no puede competir rebajando sus estándares, sino haciendo de ellos su mayor ventaja. Nuestra flota lidera en sostenibilidad, seguridad y derechos laborales, y debemos exigir esa misma responsabilidad a los productos que entran en nuestro mercado a través de los nuevos acuerdos comerciales. Defender una pesca competitiva significa también proteger a sus trabajadores frente a la competencia desleal y garantizar unas cadenas de suministro transparentes, responsables y libres de explotación”, afirmó Carmen Crespo en su intervención inicial.
Battu-Henriksson también subrayó la importancia de mantener la competitividad del sector, garantizando al mismo tiempo productos de calidad y el respeto por el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
Europa cuenta con un sólido marco legislativo para combatir el trabajo forzoso, cuya aplicación se desarrollará progresivamente hasta diciembre de 2027. En este contexto, OPAGAC puso en marcha Hands for the Oceans a principios de 2026, un movimiento internacional que reclama que se preste la misma atención a las personas que hacen posible la actividad pesquera, especialmente a sus derechos laborales, condiciones de trabajo, seguridad y protección frente al trabajo forzoso. La iniciativa busca situar la responsabilidad social, junto a la sostenibilidad medioambiental, como uno de los pilares del modelo pesquero europeo.
El atún continúa siendo el pescado favorito de los europeos, pese al descenso general del consumo de productos del mar en el continente. Según el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA), el atún fue el producto del mar más consumido en la UE en 2023, con una media de 2,68 kg por persona. España concentra aproximadamente dos tercios de la producción de atún en conserva de la UE. Al mismo tiempo, la industria conservera europea depende en gran medida de las importaciones, muchas de ellas procedentes de flotas asiáticas en las que se han denunciado reiteradamente vulneraciones de los derechos humanos.
Del mar a la mesa: la importancia de respetar los derechos humanos en el mar
La producción de atún depende en gran medida de la pesca de altura, que en numerosas ocasiones se desarrolla en aguas internacionales. Las condiciones laborales varían considerablemente entre las distintas flotas y países. Mientras las flotas europeas y sus filiales cumplen con el Convenio sobre el trabajo en la pesca (C188) de la OIT, otras, como numerosas flotas asiáticas, no garantizan siquiera unos derechos humanos básicos.
“En 2018 fui contratado a través de una empresa indonesia y enviado a trabajar en un buque chino que viajaba a Sudáfrica y después a Mauricio. Trabajé allí y el buque nunca llegó a atracar. Estuve a bordo todo el tiempo, durante 16 meses”, explicó Fredi Seprizal, de nacionalidad indonesia y superviviente de esclavitud en el mar. “Durante 16 meses tuve que trabajar entre 16 y 20 horas al día, y algunos días llegaba a trabajar 24 horas. Solo descansaba entre tres y seis horas”.
“La comida era de muy mala calidad y solo podía beber agua filtrada del mar. No tenía otra opción y el agua nunca estaba del todo limpia. Incluso cuando hacía mal tiempo, no teníamos ningún tipo de equipo de seguridad y las herramientas tampoco eran adecuadas. Me sentía como si no importara. Si yo moría, había otros miembros de la tripulación”, relató Fredi. “Si moría y devolvían mi cuerpo a mi familia, sería cuestión de suerte, porque podían arrojarme por la borda”. A día de hoy, Fredi asegura que sus empleadores aún le deben la mayor parte de su salario y de las cantidades correspondientes al seguro.
Sallie Yea, profesora asociada e investigadora de la Charles Sturt University, expuso el coste humano de la pesca de altura en algunas flotas asiáticas. Su último estudio, basado en entrevistas realizadas en Filipinas, Indonesia, Camboya y Fiyi, revela que el 94 % de los pescadores participantes había sufrido el impago de sus salarios. Uno de cada cuatro había presenciado la muerte de un compañero de tripulación, y se registraron fallecimientos en uno de cada cuatro buques analizados. “La mayoría de los hombres y sus familias preferirían no dedicarse a la pesca. No es una profesión que elijan libremente, sino una opción condicionada por sus circunstancias”, señala Yea en su estudio.
“Llegué a pensar en saltar del barco o prenderle fuego. No podía escapar porque el capitán había retenido mis documentos. Incluso tuve que pagar para recuperarlos”, relató Fredi.
Medidas necesarias para proteger los derechos de los pescadores
Durante la mesa redonda, moderada por Cor Blonk, presidente del Comité de Diálogo Social Europeo para la Pesca Marítima, Tariq Haq, responsable de la Unidad de Políticas Sectoriales Marítimas y Pesqueras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Steve Trent, director ejecutivo de la Environmental Justice Foundation (EJF); Juan Manuel Trujillo, de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF); y Ashley Aarons, responsable de Debida Diligencia en Derechos Humanos de Oxfam America, pusieron de relieve la necesidad de adoptar un enfoque más integrado de la dimensión social de la pesca.
“El Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca, elaborado en 2007 a través de un proceso de diálogo social, es básicamente la carta de derechos de los pescadores. Establece los requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques pesqueros”, señaló Tariq Haq. “Y, sin embargo, 19 años después, sólo 27 Estados miembros lo han ratificado. El sector pesquero se caracteriza por elevados niveles de informalidad y vulnerabilidad, incluido el trabajo forzoso, y, aun así, ha recibido muy poca atención”.
Cor Blonk señaló que la ratificación también es necesaria en el conjunto de la UE, ya que la actual directiva europea no cubre a todos los pescadores.
Steve Trent señaló directamente a China y afirmó que, a partir de la amplia experiencia de EJF documentando buques chinos “en todas las geografías, en todas las jurisdicciones, en todos los buques y en todas las flotas”, se han documentado “vulneraciones de los derechos humanos y laborales”. En cuanto al ámbito empresarial, Trent considera que existen numerosos actores, pero que “los principales actores de la distribución” no están “haciendo lo suficiente para impedir que el pescado capturado ilegalmente o contaminado por estas prácticas llegue al mercado, ya sea pescado capturado por una persona sometida a esclavitud o por alguien que estaba siendo explotado; no debería estar a la venta”.
Para OPAGAC, miembro de Europêche, las conclusiones del encuentro ponen de relieve la necesidad de mantener un compromiso firme y continuado por parte de todos los actores para combatir el trabajo forzoso. También refuerzan la posición de la organización de que el acceso al mercado europeo debe estar condicionado al cumplimiento de los estándares laborales que se aplican a la flota europea.
“Esperamos que los reglamentos europeos sobre debida diligencia y trabajo forzoso puedan convertirse en un punto de inflexión para garantizar que los consumidores europeos no consuman pescado procedente del trabajo forzoso y la esclavitud moderna, y que la producción pesquera europea pueda ser reconocida por el mercado mediante información transparente para los consumidores”, afirma Julio Morón, director general de OPAGAC.